El gobernador Ricardo Rosselló ha trabajado con la JSF y el gobierno federal para atender la crisis fiscal y el desastre causado por los huracanes Irma y María. La sección 205 de Promesa reconoce que el gobierno establce la “política pública” y la Junta “hace recomendaciones fiscales y financieras” al gobernador y la Legislatura, para promover estabilidad financiera, crecimiento económico, responsabilidad administrativa, o eficiencia del gobierno.
Rosselló rechazó los planes de la JSF, sus recomendaciones limitando derechos laborales, eliminando el bono de Navidad, no garantizando el aumento del salario mínimo a $8.25, reduciendo la jornada laboral y la aportación patronal al plan médico, entre otras. Tampoco apoyará la recomendación para recortar las pensiones de los retirados y acusó a la Junta de pedir más sacrificios mientras reclaman un aumento para su presupuesto. Aun así, por requerimiento de la Junta, tendrá que someter enmiendas a los planes fiscales revisados del gobierno central, las autoridades de Acueductos y Alcantarillados, Energía Eléctrica, Carreteras y Transportación, así como de la Universidad de Puerto Rico.
El congresista Rob Bishop confrontó y acusó a la Junta de no haber administrado bien las finanzas públicas de Puerto Rico y por falta de interés para lograr acuerdos con los bonistas para reestructurar la deuda. Bishop llegó al extremo de decir que la Junta representaba a los bonistas. Rosselló le contestó al senador. “No permitiremos que usted o la Junta dicten una política pública. Ese es el papel exclusivo del gobierno elegido”, dijo el gobernador.
La confrontación entre el gobierno, la Junta y el Congreso es preocupante. Esto pinta mal. Parece necesario solicitar auxilio de la Corte. De hecho, Rosselló considera solicitar al tribunal que obligue a la Junta a presentar un plan de ajuste de deudas. Urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta, y el Congreso —incluyendo a nuestra comisionada residente en Washington, Jenniffer González.
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